La tuberculosis (TB) es la principal causa de muerte por enfermedad infecciosa en el mundo, y las personas privadas de libertad (PPL) presentan algunas de las tasas más altas de la enfermedad —hasta 10 veces más que la población general. Esto se debe a que las prisiones suelen crear condiciones ideales para la propagación de la TB: hacinamiento, mala ventilación y contacto cercano prolongado. Además, muchas personas en prisión padecen problemas de salud o presentan conductas como consumo de drogas o alcohol, que las hacen más vulnerables a la enfermedad. Y lo que ocurre en prisión no se queda en prisión. El personal penitenciario, las visitas y los familiares entran y salen de estos centros, lo que significa que la carga de TB en las prisiones también afecta a la comunidad en general.
La búsqueda de una nueva vacuna
Una vacuna nueva y eficaz para prevenir la tuberculosis pulmonar en adultos es clave para poner fin a la enfermedad, y la OMS ha identificado a las PPL como una población prioritaria para intervenciones preventivas. “Sin embargo, a pesar de que hay más de una docena de candidatas a vacuna actualmente en desarrollo, ninguno de los ensayos en curso o previstos incluye a personas en prisión”, señala Alberto García-Basteiro, investigador de ISGlobal y médico del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic Barcelona.
Esta ausencia puede explicarse en parte por una larga historia de experimentación médica poco ética en personas presas y por el riesgo real de coerción en un entorno vulnerable. Pero García-Basteiro y colegas argumentan que excluir a las PPL también es éticamente cuestionable si se les niega su derecho a decidir.
“Es comprensible que sea un tema muy controvertido”, afirma Jason Andrews, profesor investigador en la Universidad de Stanford, reconocido experto en TB en personas privadas de libertad, y primer autor del artículo. “Algunos financiadores ni siquiera quieren hablar del tema. Pero creemos que, con las protecciones adecuadas, la participación puede beneficiarles y ayudar a reducir las desigualdades en salud”. Julio Croda, médico e investigador de la Fundación Oswaldo Cruz y de la Universidad Estatal de Mato Grosso do Sul (Brasil), ha llevado a cabo decenas de estudios en población penitenciaria en su país, incluidos ensayos con medicamentos. “Las PPL son el principal grupo vulnerable frente a la TB en Brasil y en varios países de América Latina. No pueden quedar excluidas del desarrollo de nuevas herramientas para combatir la enfermedad”.
Ensayos clínicos en prisiones: principales retos
Las personas en prisión tienen derecho a ser incluidas en ensayos clínicos, pero el entorno penitenciario plantea una serie de desafíos que deben tenerse en cuenta:
- Consideraciones éticas. La historia recoge numerosos casos de abusos y explotación de personas presas en investigaciones médicas, incluso después de la introducción del Código de Núremberg y la Declaración de Helsinki. Hoy en día existen normativas para proteger a esta población y, al mismo tiempo, reconocer su derecho a participar en ensayos, siempre que lo hagan de forma libre, informada y voluntaria. Esto implica adaptar la información a personas con bajo nivel de alfabetización y garantizar que el proceso esté libre de coerción, por ejemplo, ocultando la participación cuando sea posible y proporcionando un espacio privado durante todo el proceso, desde la captación hasta las visitas de seguimiento. Es fundamental que la decisión de participar no tenga ninguna influencia sobre la condena o el trato penitenciario. Además, solo deberían probarse vacunas que ya hayan demostrado ser seguras, para maximizar la relación beneficio-riesgo. Y si la vacuna resulta eficaz, las PPL deberían estar entre las primeras en beneficiarse.
- Consideraciones científicas. Una de las preocupaciones es que las PPL no son representativas de la población general, ya que muchas presentan condiciones de salud, como VIH, malnutrición, hepatitis C, consumo de alcohol y drogas, que podrían reducir la eficacia de las vacunas. Pero, según los modelos desarrollados por los autores, incluir una proporción de PPL podría hacer que los ensayos fueran más rápidos, económicos y eficientes.
Involucrar a las PPL, sus familias y defensores en comités comunitarios ayudaría al personal investigador a comprender mejor sus puntos de vista y preocupaciones. Además, las familias pueden ayudar a garantizar el seguimiento si los participantes son liberados o trasladados a otro centro penitenciario.
“No debemos tomar decisiones por las personas privadas de libertad”, concluyen los autores. “Debemos escuchar sus voces y trabajar conjuntamente para diseñar ensayos éticos y beneficiosos”. El objetivo es permitirles participar de forma segura en la evaluación de una vacuna que podría proteger significativamente su salud y la de sus seres queridos.
Referencia:
Andrews JR, Chralambous S, Churchyard G et al. The participation of people deprived of liberty in tuberculosis vaccine trials: should they be protected from research or through research? Lancet Infect Dis. June 2025.
